México continúa sumido en una profunda crisis de inseguridad, miedo, corrupción e impunidad. No se trata solamente de una percepción alimentada por las noticias ni de una narrativa construida por los adversarios del gobierno. Son los propios datos oficiales los que contradicen el optimismo de La Presidente Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad, y exhiben la enorme distancia entre el discurso de Palacio Nacional y la realidad que enfrentan millones de mexicanos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, elaborada por el INEGI, estima que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos. Fueron víctimas 23 millones de personas y 11.7 millones de hogares. La tasa nacional alcanzó 23 mil 473 víctimas y 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes.
La incidencia delictiva no mostró una reducción estadísticamente significativa respecto de 2024. Esto resulta especialmente relevante porque el gobierno presenta determinadas disminuciones, principalmente en homicidios, como evidencia de que el país está recuperando la seguridad. Sin embargo, la victimización cotidiana permanece prácticamente estancada. El ciudadano continúa padeciendo extorsiones, fraudes, robos, amenazas y agresiones, aunque la mayoría de estos delitos jamás aparece en los registros ministeriales.
El fraude alcanzó una tasa de 8 mil 290 delitos por cada 100 mil habitantes; la extorsión, 6 mil 831; el robo o asalto en la calle o el transporte público, 5 mil 641; las amenazas, 4 mil 768, y el robo total o parcial de vehículo, 3 mil 22. El fraude y la extorsión aumentaron significativamente. La delincuencia se ha diversificado: roba, amenaza, engaña, cobra derecho de piso y controla actividades económicas mientras las autoridades cuentan únicamente lo que llega hasta sus escritorios.
La cifra más grave de la ENVIPE no son solamente los 33.8 millones de delitos, sino lo que sucede después de que se cometen. Solo se denunció 9 por ciento. En apenas 6.6 por ciento se inició una carpeta de investigación. La cifra oculta llegó a 93.4 por ciento y únicamente 1.1 por ciento del total obtuvo alguna resolución favorable ante el Ministerio Público.
Dicho de otra manera: de cada 100 delitos cometidos en México, aproximadamente uno alcanza una respuesta favorable para la víctima. Ese dato retrata mejor que cualquier discurso la verdadera dimensión de nuestra impunidad.
Incluso entre las carpetas abiertas, 39.5 por ciento continuaba en trámite y en 38.1 por ciento no ocurrió nada. Casi ocho de cada diez permanecieron paralizadas o sin resultados. Solo en 5.3 por ciento se recuperaron bienes; en 4.4 por ciento se puso al probable responsable a disposición de un juez, y en 3.5 por ciento hubo reparación del daño.
La Presidente y su Gabinete de Seguridad suelen llamar a la población a denunciar, pero omiten preguntarse por qué no lo hace. De los delitos no denunciados, 60.8 por ciento no se reportó por causas atribuibles a las propias autoridades. Las razones principales fueron pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos y difíciles, actitud hostil de los funcionarios y, en algunos casos, temor a ser extorsionado por quienes deberían proteger al denunciante.
Cuando se presentó la denuncia, pero no se abrió una carpeta, en 32.9 por ciento de los casos se argumentó que no existían pruebas; en 30 por ciento hubo actitud hostil o desinterés de la autoridad, y en 15 por ciento se decidió que lo denunciado no era delito. El Estado exige denunciar, pero su propio funcionamiento desalienta, desgasta y frecuentemente revictimiza al ciudadano.
Así se forma el círculo vicioso que llevamos décadas tolerando: la corrupción genera impunidad; la impunidad produce inseguridad; la inseguridad abre nuevos espacios para la corrupción, y todo vuelve a comenzar. Si quienes se encuentran arriba violan la ley y permanecen impunes, ¿por qué quienes están abajo habrían de comportarse de manera diferente?
La percepción ciudadana sobre las instituciones confirma la profundidad del deterioro. Entre quienes identifican a cada autoridad, 74.1 por ciento considera corrupta a la policía de tránsito; 65.8 por ciento a los jueces; 63.6 por ciento a la policía preventiva municipal; 62.8 por ciento a la policía estatal; 61.4 por ciento a los ministerios públicos y fiscalías estatales; 56 por ciento a la policía ministerial o de investigación, y 56.2 por ciento a la Fiscalía General de la República.
La encuesta mide percepción y no significa que cada integrante de esas instituciones sea corrupto. Existen policías, fiscales y jueces honorables. Pero cuando la mayoría de los ciudadanos desconfía precisamente de los órganos encargados de prevenir, investigar, procesar y sancionar el delito, el Estado de derecho deja de ser una garantía para convertirse en una promesa incumplida.
El contraste con las Fuerzas Armadas es revelador: la percepción de corrupción fue de 19.5 por ciento para la Fuerza Aérea, 24 por ciento para la Marina, 28.6 por ciento para el Ejército y 36 por ciento para la Guardia Nacional. Pero la mayor confianza en las instituciones militares no resuelve el problema de fondo. Ningún despliegue puede sustituir permanentemente a policías profesionales, ministerios públicos eficaces, fiscalías autónomas y jueces confiables.
La inseguridad también representa un costo económico enorme. Durante 2025 alcanzó 267 mil 300 millones de pesos a precios constantes de 2018, equivalentes a 1.06 por ciento del PIB. El costo promedio fue de 6 mil 130 pesos por persona afectada. Además, los hogares destinaron 91 mil 600 millones a cerraduras, rejas, cámaras, alarmas y otras medidas preventivas. El ciudadano paga impuestos para recibir seguridad y vuelve a pagar para protegerse ante la incapacidad del Estado.
La Ciudad de México encabezó la incidencia, con 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes, prácticamente el doble del promedio nacional. Registró también 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes y un incremento significativo de 27.9 por ciento en el costo promedio del delito.
El miedo se ha convertido en una forma silenciosa de sometimiento. La inseguridad fue la principal preocupación de 60.7 por ciento de la población, por encima de la salud, el aumento de precios, el desempleo, la falta de agua y la corrupción. Por temor, millones dejaron de permitir que sus hijos salieran solos, evitaron caminar, salir de noche, llevar efectivo, utilizar transporte público, visitar familiares o viajar por carretera.
Entre febrero y abril de 2026, 74 por ciento de los mexicanos se sintió inseguro en su entidad; 60.9 por ciento, en su municipio o alcaldía, y 35.9 por ciento, en su colonia. La delincuencia no solamente roba dinero, vehículos o mercancías. También se apropia del espacio público, restringe libertades, destruye relaciones comunitarias y modifica la vida familiar.
La negación de La Presidente Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad no cambia esta realidad. Podrán escoger los indicadores más favorables y repetir que la estrategia funciona, pero no pueden ocultar 33.8 millones de delitos, una cifra oculta de 93.4 por ciento y un sistema que ofrece alguna resolución favorable en apenas uno de cada cien casos.
Tristemente, buena parte de la información de inteligencia que permite conocer la penetración de los cárteles, sus redes financieras, sus operadores y sus posibles vínculos políticos proviene de agencias estadounidenses. También ha sido necesaria la presión del gobierno de Estados Unidos para que las autoridades mexicanas se muevan, investiguen o actúen frente a personajes y estructuras criminales que durante años parecieron intocables.
La cooperación binacional es indispensable, pero no puede sustituir la voluntad del Estado mexicano. Si nuestras instituciones solo reaccionan cuando Washington comparte información, impone sanciones, solicita detenciones o aumenta la presión política, no estamos ante una estrategia soberana de seguridad, sino ante un gobierno que administra la crisis hasta que los acontecimientos externos lo obligan a actuar.
Estados Unidos debe comprender que la inseguridad mexicana no termina en la frontera. Los cárteles operan mediante redes financieras, tráfico de armas, lavado de dinero, distribución de drogas y complicidades en ambos países. Pero México también debe asumir que defender la soberanía no consiste en rechazar señalamientos extranjeros, sino en contar con instituciones capaces de investigar y actuar antes de que Washington tenga que hacerlo.
México no necesita más triunfalismo ni negación. Necesita policías profesionales y depuradas; ministerios públicos suficientes; fiscalías autónomas; jueces confiables; inteligencia propia; controles anticorrupción y consecuencias reales para servidores públicos y delincuentes. Lo que no se reconoce no se corrige; lo que no se mide no se combate, y lo que permanece impune inevitablemente se repite.
@FSchutte
Consultor y Analista