Por Gwladys Fouche
OSLO, 11 sep (Reuters) - El nuevo presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, debería implementar plenamente el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace una década, para ayudar a unir a un país dividido, dijo su predecesor Juan Manuel Santos.
Santos, quien gobernó el país latinoamericano entre 2010 y 2018, negoció el acuerdo de paz con las FARC y ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos.
"Las elecciones polarizaron mucho el país", dijo Santos a Reuters durante una visita a Oslo para conmemorar el décimo aniversario de la firma del pacto, que diplomáticos de Noruega y Cuba ayudaron a negociar.
"Esta (la implementación) sería un punto donde el país podría encontrar un punto de unión, pero al mismo tiempo la solución a muchos de los problemas que hoy tiene Colombia", afirmó al mencionar la pobreza entre los agricultores, el narcotráfico y la inseguridad que aún persiste en las zonas de conflicto.
Santos sigue siendo una figura influyente en la política colombiana y un reconocido activista internacional en causas relacionadas con la paz.
El conflicto que persiste en Colombia, originado por disputas sobre derechos de tierra y otros problemas sociales, se ha prolongado durante más de seis décadas, en las que grupos guerrilleros de izquierda, escuadrones paramilitares de derecha y narcotraficantes han combatido entre sí y contra el Gobierno.
Aunque el financiamiento de los grupos armados ilegales proviene tradicionalmente del narcotráfico, la minería ilegal de oro es ahora una fuente importante de sus ingresos.
El amplio acuerdo con las FARC quedó incorporado en la Constitución del país, pero la forma como se implementan muchas de sus disposiciones, desde el apoyo a los excombatientes desmovilizados hasta la reforma agraria para beneficiar a los agricultores pobres, depende de cambios gubernamentales en estrategia y enfoque.
Los sucesores de Santos, quienes no siempre han respaldado el acuerdo en su totalidad, enfrentaron dificultades para implementarlo por completo en medio de restricciones fiscales, la pandemia de COVID-19 y otras preocupaciones políticas.
CUESTIONAMIENTOS A LA JEP
De La Espriella, un abogado de derecha que representó legalmente a personas vinculadas con grupos paramilitares, criticó aspectos del acuerdo durante su campaña electoral, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto.
Como candidato, el actual mandatario dijo que desmantelaría el tribunal, al que calificó de ineficaz y costoso.
Sin embargo, en su discurso de posesión, afirmó que respetaría el lugar de la jurisdicción especial dentro del sistema judicial colombiano, aunque habría una supervisión rigurosa sobre el tribunal.
Santos señaló que sus dos sucesores, Iván Duque y Gustavo Petro, no implementaron completamente el acuerdo de paz, diseñado para ejecutarse en un período de 15 años.
El exmandatario colombiano aseguró que la política de "paz total" de Petro, con la que buscaba negociar acuerdos con otros grupos armados, retrasó la implementación del pacto con las FARC.
Petro "se concentró en lo que él llamó la paz total, es decir, en tratar de negociar con grupos criminales que estaban dispersos por el país a expensas del acuerdo con las FARC", dijo Santos.
"Por eso yo espero que este presidente (De La Espriella) entienda que implementar el acuerdo es tal vez de los mejores programas de gobierno que podía poner en ejecución", aseguró.
El acuerdo de paz no logró, por un estrecho margen, la aprobación de los votantes colombianos en un referendo en 2016, pero luego fue modificado y aprobado por el Congreso.
Los críticos, incluido De La Espriella, sostienen que las sentencias de reparación impuestas por la JEP, incluidas las dictadas contra exlíderes guerrilleros condenados por secuestros con fines de extorsión y contra exmilitares sentenciados por su participación en ejecuciones extrajudiciales, no son lo suficientemente severas.
Gran parte de los líderes y los combatientes de las FARC se desmovilizaron bajo el acuerdo, y el grupo ahora opera como un partido político legal, aunque algunos miembros abandonaron el pacto y regresaron a la lucha armada, integrando los llamados grupos "disidentes".
(Reporte de Gwladys Fouche. Escrito por Luis Jaime Acosta)