Una visita para consolidar una alianza estratégica. Rubio llega a Ecuador después de reunirse el martes en Colombia con el nuevo jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, y antes de viajar a Perú, donde se encontrará con la presidenta Keiko Fujimori. El recorrido tiene una lógica clara: reforzar los vínculos de seguridad de Washington con gobiernos que comparten buena parte de las prioridades de la Administración de Donald Trump.
En Quito, el principal interlocutor es el mandatario Daniel Noboa, uno de los aliados latinoamericanos más próximos a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Ecuador atraviesa desde 2021 una crisis de violencia vinculada a organizaciones criminales que compiten por el control de rutas y puertos utilizados para sacar cocaína hacia Norteamérica y Europa.
El país ocupa además una posición estratégica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Para EE. UU., Ecuador es por tanto mucho más que un socio bilateral: es una pieza relevante de su estrategia regional contra el crimen organizado.
La visita de Rubio es la segunda que realiza a Ecuador como secretario de Estado y llega en un momento de especial intensidad en la relación bilateral.
La prioridad inmediata es profundizar la cooperación contra los grupos criminales transnacionales.
Rubio ha defendido la creación de una arquitectura regional de seguridad que Washington denomina Escudo de las Américas y que ha evolucionado hacia una coalición contra los carteles. Colombia y Perú aparecen como socios prioritarios y Ecuador ocupa una posición cada vez más relevante.
La diferencia respecto a anteriores iniciativas antidrogas es tanto política como operativa. Washington no busca únicamente intercambiar información entre policías o aumentar la cooperación entre agencias antidroga. La Administración Trump pretende construir una red de gobiernos dispuestos a aceptar una implicación estadounidense más intensa en seguridad, inteligencia y lucha contra las organizaciones criminales.
Rubio ha afirmado que la designación estadounidense de 'Los Choneros', 'Los Lobos' y 'Chone Killers' como organizaciones terroristas abre nuevas posibilidades de coordinación militar, policial y de inteligencia.
También está sobre la mesa la modernización del tratado bilateral de extradición. El caso más emblemático es el de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', máximo dirigente de 'Los Choneros', extraditado a Estados Unidos el año pasado.
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La dimensión más sensible de la visita se produjo prácticamente en vísperas de su llegada.
Fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron el martes una embarcación en el Pacífico que Washington vincula con 'Los Choneros' y con una red de tráfico de drogas. Según la versión estadounidense, se trataba de una estación flotante de reabastecimiento utilizada para apoyar a embarcaciones rápidas que trasladaban droga hacia el norte.
Fue la sexta operación de este tipo en menos de dos semanas, según datos oficiales recogidos por la agencia estadounidense d enoticias AP, y se produjo apenas un día antes de que Rubio llegara a Quito.
Hay, no obstante, una diferencia importante respecto de algunos de los ataques anteriores: los ocupantes de la embarcación fueron retirados antes de que esta fuera destruida y entregados a las autoridades ecuatorianas.
Ese procedimiento puede indicar un cambio en la forma de actuar de Washington: interceptar, detener y entregar a sospechosos en lugar de emplear directamente fuerza letal contra ellos.
La diferencia es especialmente relevante luego de que los operativos anteriores generaran controversia sobre la identidad de las personas atacadas y sobre las pruebas utilizadas para atribuirles vínculos con el narcotráfico. En algunos casos recientes en Ecuador, la Justicia dejó en libertad a tripulantes al no encontrar indicios suficientes de delito.
En este último caso, tanto los tripulantes de las embarcaciones como sus familias negaron ser parte del grupo criminal ecuatoriano.
La operación del martes no puede entenderse aisladamente. Desde septiembre de 2025, la Administración Trump ha desarrollado una ofensiva militar contra embarcaciones que Estados Unidos identifica como parte de redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Washington sostiene que está actuando contra organizaciones criminales y narcoterroristas. Human Rights Watch (HRW) sostiene lo contrario: que se trata de asesinatos ilegales de personas a las que se atribuyen delitos sin que exista un proceso judicial.
Según la organización, al cumplirse un año de la campaña, 69 ataques estadounidenses habían causado al menos 227 muertos. HRW afirma que matar a personas en el mar sin juicio, independientemente de su presunta participación en actividades criminales, viola el derecho internacional y califica los ataques de ejecuciones extrajudiciales.
La organización ya había denunciado meses atrás que estas operaciones suponían un uso ilegal de la fuerza letal fuera de un contexto de conflicto armado.
El Gobierno de Trump rechaza esa caracterización y presenta las operaciones como parte de una campaña contra organizaciones que considera una "amenaza" para la seguridad nacional estadounidense.
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Ecuador se ha convertido en un escenario central de la nueva estrategia estadounidense. El Gobierno de Noboa no solo respalda públicamente la cooperación con Washington, sino que ha profundizado la dimensión militar y de inteligencia de la relación. Quito ha defendido las operaciones estadounidenses contra embarcaciones como parte de investigaciones conjuntas contra redes vinculadas a 'Los Choneros'.
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha sostenido que las lanchas atacadas funcionaban como puntos flotantes de abastecimiento para naves que transportaban droga hacia México y Estados Unidos. Familias de algunos tripulantes, sin embargo, han rechazado esa versión y aseguran que eran pescadores.
La controversia plantea una cuestión que Rubio tendrá que gestionar políticamente: cómo ampliar la cooperación militar estadounidense sin que las operaciones antinarcóticos terminen provocando una crisis de derechos humanos o de soberanía en Ecuador.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso custodiado por agentes de seguridad, en el barrio La Delia de Durán, una de las ciudades más afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico, en las afueras de Guayaquil, Ecuador 17 de julio de 2024.
Human Rights Watch ha advertido precisamente sobre la falta de transparencia de la cooperación entre ambos países y ha documentado otros presuntos abusos cometidos durante operaciones conjuntas o relacionadas con la campaña de seguridad.
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Para Noboa, la visita también tiene un valor político. El presidente ecuatoriano ha convertido la lucha contra las bandas criminales en el eje de su Gobierno y ha adoptado una política de mano dura que encaja con las prioridades de Trump.
Washington, a su vez, considera a Ecuador un aliado particularmente útil para combatir las redes de narcotráfico que operan desde las costas del Pacífico.
La cooperación incluye inteligencia, seguridad, extradición y operaciones contra organizaciones criminales. La reciente extradición de alias 'Fito' es un ejemplo de hasta dónde ha llegado esa relación.
Rubio probablemente buscará durante la visita consolidar ese modelo y avanzar en mecanismos que permitan a Estados Unidos y Ecuador compartir más información y actuar de forma coordinada contra las estructuras criminales.
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La escala ecuatoriana adquiere todavía más significado cuando se observa junto a las visitas a Colombia y Perú.
Los tres países están experimentando un acercamiento a Washington en materia de seguridad, mientras sus gobiernos mantienen posiciones conservadoras o de derecha y comparten la prioridad de combatir el narcotráfico con una estrategia más agresiva.
En Colombia, Rubio y De la Espriella ya anunciaron un relanzamiento de la cooperación bilateral, con la seguridad y el narcotráfico como ejes. Ambos gobiernos también buscan ampliar los vínculos económicos y de inversión.
Ecuador representa el siguiente paso de esa estrategia y Perú será la tercera pieza de la gira.
Cada vez son más los países latinoamericanos que concretan un giro a la derecha, instigados por los esfuerzos de Donald Trump por moldear el continente a la medida de sus necesidades.
No significa que los tres gobiernos formen un bloque homogéneo. Sus intereses económicos, sus relaciones con China y sus políticas internas son diferentes. Pero Washington está construyendo una red de socios que comparte una preocupación central: el crecimiento del crimen organizado transnacional.
La seguridad es, además, un instrumento para recuperar influencia estadounidense en una región donde China ha ampliado considerablemente su presencia económica.
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La visita de Rubio deja así dos imágenes contrapuestas.
Por un lado, la de una creciente cooperación entre Estados Unidos y un Gobierno ecuatoriano que considera indispensable el apoyo estadounidense para enfrentar a unas organizaciones criminales cada vez más poderosas.
Por otro, la de una estrategia militar que ha provocado decenas de operaciones letales en aguas latinoamericanas y que organizaciones de derechos humanos consideran incompatible con el derecho internacional.
El episodio de la embarcación interceptada el martes podría ofrecer una pista sobre el futuro de esa cooperación. Si Washington opta crecientemente por interceptar, detener y entregar a los sospechosos a la Justicia, en lugar de destruir las embarcaciones con sus ocupantes, podría reducir parte de las críticas sobre el uso de la fuerza.
Soldados montan guardia durante una operación contra la delincuencia en Guayaquil, Ecuador, el 5 de abril de 2025. El 11 de marzo de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una alianza con el fundador de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, en un momento en el que el gobierno intenta acabar con la espiral de violencia relacionada con el narcotráfico.
Pero si las operaciones letales continúan, Rubio tendrá que explicar cómo pretende conciliar la expansión de la cooperación de seguridad con las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales formuladas por organizaciones como Human Rights Watch.
Ese es, sin duda, uno de los principales asuntos a marcar el encuentro Rubio-Noboa: no solo cuánto más Estados Unidos y Ecuador están dispuestos a colaborar contra el narcotráfico, sino hasta dónde están dispuestos a llegar para hacerlo.
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Con AP, EFE y medios locales