El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha ordenado una "ofensiva total" contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un intento de reforzar la seguridad en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
El mandatario anunció la medida el lunes tras encabezar un consejo de seguridad en esta región del este del país, donde ambos grupos armados mantienen una disputa por el control territorial y las rutas del narcotráfico.
De la Espriella, conocido entre sus seguidores como 'El Tigre', aseguró que las operaciones estarán dirigidas contra los principales dirigentes de estas organizaciones, sus estructuras, sus redes logísticas y sus fuentes de financiación.
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El presidente también ordenó reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, las labores de inteligencia y el control terrestre y fluvial de la frontera con Venezuela para combatir el narcotráfico, el contrabando y otras actividades delictivas.
Entre las medidas anunciadas, De la Espriella ha ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar fuera de Arauca a los dirigentes del ELN y de las disidencias de las FARC que permanecen encarcelados en el departamento.
El mandatario explicó que estos presos serán enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad en otras regiones del país, al considerar que algunos continúan coordinando actividades delictivas desde prisión. También anunció que recurrirá a mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a quienes financien o colaboren con los grupos armados ilegales.
Durante su intervención, el presidente advirtió a los responsables de estas organizaciones de que su Gobierno intensificará las operaciones para desmantelar sus estructuras y perseguir a quienes participen en actividades de extorsión y narcotráfico.
De la Espriella también exigió al ELN la liberación inmediata de cinco personas que permanecen secuestradas por la guerrilla, entre ellas dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana. Los dos investigadores, identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, fueron secuestrados en Arauca en mayo de 2025.
El presidente anunció que ha dado instrucciones a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), especializados en combatir los secuestros y las extorsiones, para intensificar las operaciones destinadas a conseguir su liberación. Asimismo, descartó negociar con los grupos a los que califica de "narcoterroristas" y advirtió de que sus integrantes deberán responder ante la Justicia.
El presidente también lanzó una advertencia contra los sectores políticos que, según denunció, mantienen relaciones con organizaciones armadas ilegales. En un mensaje publicado en su cuenta de X y acompañado de un vídeo, De la Espriella rechazó cualquier colaboración entre dirigentes políticos y las guerrillas del ELN y las FARC.
El mandatario sostuvo que estos vínculos contribuyen a financiar la violencia contra los miembros de las fuerzas de seguridad y la población civil, y aseguró que su Gobierno actuará para impedir que las organizaciones armadas mantengan su influencia sobre las instituciones.
En la grabación, advirtió de que pretende cambiar esta situación "por la razón o por la fuerza", una expresión con la que reafirmó su intención de endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados. De la Espriella también defendió su compromiso con la Constitución y las leyes colombianas, e insistió en que no aceptará acuerdos políticos con organizaciones implicadas en actividades delictivas.
Las declaraciones forman parte de su estrategia de seguridad, aunque el presidente no presentó en ese mensaje pruebas concretas sobre las presuntas alianzas políticas que denunció.
El departamento de Arauca es uno de los territorios colombianos más afectados por la actividad de los grupos armados ilegales. Su ubicación en la frontera con Venezuela lo convierte en una zona estratégica para las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas.
El ELN y las disidencias de las FARC, integradas por antiguos miembros de la guerrilla que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016, mantienen una disputa por el control de diferentes áreas del departamento.
Los enfrentamientos entre ambas organizaciones han provocado numerosas víctimas y desplazamientos forzados. En 2022, una escalada de violencia dejó más de 130 muertos y obligó a miles de habitantes a abandonar sus hogares.