El pasado 13 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó al Tribunal Federal de Apelaciones del Tercer Circuito que, en respuesta a la orden emitida el 5 de octubre de 2026, "Estados Unidos no tiene nada que manifestar en este momento" respecto al litigio de la empresa Crystallex International Corp. contra Venezuela.
Con esta respuesta, la administración de Donald Trump evita, por ahora, fijar posición ante la justicia estadounidense en el litigio que amenaza con privar a Venezuela de CITGO, uno de sus principales activos estratégicos en el exterior.
El futuro de CITGO se encuentra en una encrucijada judicial y política. El juicio iniciado por la empresa minera canadiense Crystallex para cobrar una indemnización reconocida judicialmente contra Venezuela terminó incorporando las reclamaciones de otros acreedores del Estado venezolano. Para satisfacer estas acreencias, en noviembre de 2025, un tribunal de Delaware aprobó la venta de las acciones de PDV Holding, matriz indirecta de CITGO, a la empresa Amber Energy por una oferta cercana a los 5.900 millones de dólares. Sin embargo, la decisión fue apelada y el caso se encuentra ahora ante un tribunal superior, que tiene prevista una audiencia para el próximo 21 de octubre.
Entretanto, la representación legal del interinato de Delcy Rodríguez solicitó el 1 de octubre mantener temporalmente en suspenso las apelaciones para intentar una reestructuración de la deuda venezolana. La solicitud se fundamenta, entre otras consideraciones, en que las nuevas relaciones entre Caracas y Washington ofrecen condiciones favorables para negociar con los acreedores. El 15 de octubre, el tribunal rechazó aplazar la audiencia prevista para el día 21.
Aunque Washington se ha abstenido, por el momento, de fijar posición sobre el litigio, aún conserva una capacidad significativa de influencia sobre su desenlace: la venta de CITGO no podrá consumarse sin una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, según precisó la propia OFAC.
¿Qué significaría para Venezuela perder este activo estratégico y qué intereses estadounidenses podrían influir en su futuro? Juan Fernández, exdirectivo de PDVSA y experto en temas petroleros, analiza en conversación con Deutsche Welle las implicaciones económicas y estratégicas del caso, así como las alternativas que aún podrían permitir a Venezuela conservar la propiedad de la empresa.
Juan Fernández recuerda que la adquisición de CITGO por parte de PDVSA, consolidada en 1986, formó parte de la estrategia de internacionalización de la industria petrolera venezolana, concebida para asegurar mercados para el crudo nacional y participar en todos los eslabones de la cadena petrolera: producción, refinación y comercialización.
CITGO cuenta actualmente con tres refinerías en Estados Unidos y una red de más de 4.000 estaciones de servicio independientes bajo su marca. "Ese sistema de refinación recibió importantes inversiones y fue mejorado y adecuado para cumplir con los estándares de calidad exigidos por ese mercado, así como para procesar el crudo pesado venezolano", dice Fernández.
Buque cisterna de petróleo en la terminal de Citgo en Massachusetts, EE. UU.Brian Snyder/REUTERS
La pérdida de la propiedad de la empresa, advierte, supondría para Venezuela no solo perder la participación en los beneficios generados por esa red de servicios y negocios, cuya reconstrucción podría tomarle décadas al país, sino también el control sobre un mercado para el petróleo pesado venezolano, cuya continuidad dependería de las decisiones comerciales de los nuevos propietarios.
El exdirectivo de PDVSA destaca también la importancia de CITGO para atender las necesidades del mercado interno venezolano ante el deterioro del sistema nacional de refinación: "Este sistema de refinación, que es de tu propiedad, te facilita que haya un convenio de combustibles con un intercambio de crudo pesado que se procesaría en la refinería", señala. Según explica, ese mecanismo permitiría suministrar productos refinados a Venezuela mientras se recupera la capacidad de sus propias instalaciones.
La preservación de CITGO también la vincula Fernández con la posibilidad de reconstruir una alianza petrolera estable entre Venezuela y Estados Unidos. A su juicio, los compromisos de suministro de crudo a largo plazo reducirían la incertidumbre operativa de las refinerías y fortalecerían su viabilidad económica: "Si tú tienes un acuerdo con un proveedor que te garantiza durante 20 años que vas a tener petróleo allí para procesar, eso disminuye el riesgo y agrega valor", señala.
Más allá de las implicaciones estratégicas, Fernández destaca que la venta judicial de CITGO podría ocasionar un considerable daño patrimonial a Venezuela debido a la diferencia entre el valor que atribuye a la empresa y el precio ofrecido en la subasta: "Si nosotros estimamos que el valor de CITGO son 15.000 o 20.000 millones de dólares, como uno puede buscar en los estimados que se hacen con respecto a CITGO, y le están ofreciendo 5.600 millones de dólares, hay un daño patrimonial derivado de ese proceso".
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, durante la firma de un acuerdo con Chevron. (2.09.2026).Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS
En agosto, CITGO informó una utilidad neta de 936 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 y proyectó un EBITDA —antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— de 5.800 millones de dolares para el conjunto del año. Aunque este indicador no determina por sí solo el valor de la compañía, estos resultados permiten dimensionar la importancia económica del activo cuya propiedad está en disputa. Por ello, si la venta judicial se concreta, Fernández considera que Venezuela podrá reclamar que fue perjudicada por esa decisión de la justicia estadounidense: "Podemos reclamar que hemos sufrido un daño patrimonial", afirma Juan Fernández.
El resguardo de CITGO bajo propiedad venezolana también podría alinearse con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Fernández considera que, aunque el cambio de propietario no necesariamente afectaría las operaciones de la empresa, existe siempre el riesgo de que los nuevos dueños decidan modificar su estructura de negocios. "Eso tendría un impacto en el mercado interno de los Estados Unidos, porque ya las decisiones pasan a ser decisiones de negocios de los nuevos dueños".
El experto petrolero considera también que la ejecución de las deudas de un Estado mediante la venta de sus activos industriales en territorio estadounidense podría enviar una señal negativa al mercado, al transmitir la percepción de que existe un alto riesgo de que situaciones similares se repitan y de que una deuda termine entorpeciendo una relación geopolítica.
Refinería de CITGO en Sulphur, Luisiana, EE. UU.Reuters/J. Bachman
Fernández cuestiona que la venta judicial de CITGO sea el mecanismo adecuado para satisfacer las reclamaciones contra Venezuela, originadas principalmente por las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez, a las que se suma la controversia por el incumplimiento de los bonos PDVSA 2020.
Como alternativa, el experto petrolero propone que Washington mantenga la protección de la empresa mediante las facultades de la OFAC, evitando por ahora otorgar la licencia necesaria para consumar la venta, mientras los venezolanos impulsan una solución negociada con los acreedores.
Esta opción, a su juicio, exige acelerar la transición política venezolana para que sea un gobierno democrático el que emprenda con legitimidad la reestructuración de la deuda venezolana. Un nuevo gobierno podría ofrecer a los acreedores opciones más atractivas que la venta judicial de CITGO, como la devolución de activos expropiados y nuevas oportunidades de inversión petrolera. "Si Conoco acepta unos términos de este tipo [...] al igual que en el caso de ExxonMobil, nosotros resolvemos la mitad del problema o un poco más", explica.
Preservar CITGO y resolver las reclamaciones pendientes de los acreedores podrían reconstruir los vínculos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos sobre bases firmes. El objetivo, concluye Fernández, es establecer "una relación de alianza beneficiosa para ambas partes".
(cp)
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