Los registros oficiales muestran un número limitado de visitas dentro de uno de los programas destinados a evaluar las buenas prácticas en la producción ganadera.
Entre 2016 y 2025, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reportó una disminución del 59% en las inspecciones realizadas a las granjas incorporadas al esquema de certificación de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), un programa que busca garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal mediante la evaluación de medidas de higiene, sanidad, bioseguridad y manejo de los animales.
Los datos, obtenidos mediante una solicitud de transparencia, muestran una disminución en los recorridos de inspección realizados por el Senasica en unidades de producción pecuaria incorporadas al esquema de BPP. Mientras que en 2016 se registraron 49 inspecciones, para 2025 la cifra se redujo a 20. Durante 2020 y 2021, la dependencia no reportó ninguna supervisión de este tipo.
En ese tenor, entre 2016 y 2025, Senasica reportó 235 visitas de inspección a granjas incorporadas al esquema de certificación de Buenas Prácticas Pecuarias. Sin embargo, estos datos no representan la totalidad de las inspecciones realizadas en las granjas del país. Corresponden únicamente a las visitas de verificación e inspección efectuadas por personal oficial de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) en unidades incorporadas al esquema de Buenas Prácticas Pecuarias, al que los productores se integran de manera voluntaria.
Captura de pantalla del documento obtenido por solicitud de transparencia y compartido por Igualdad Animal a El Sabueso.
En producción primaria —la primera etapa de la cadena de producción de alimentos de origen animal—, las unidades con certificación vigente en BPP suman 3 mil 988.
En su respuesta a la solicitud de información con folio 340028300017726, fechada el 12 de junio de 2026, el Senasica informó que cuenta con 28 especialistas que realizan inspecciones en unidades de producción pecuaria certificadas —por ejemplo, dedicadas a la crianza de pollos, la producción de huevo o de leche, y a la engorda de ganado bovino—, así como con 168 inspectores oficiales que desempeñan funciones en establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) con actividad de matanza, instalaciones donde se sacrifican animales destinados al consumo humano.
Según el oficio, el país tiene 108 establecimientos TIF donde se realiza matanza: tres rastros municipales (dos de ellos concesionados) y 105 privados.
Captura de pantalla del documento obtenido por solicitud de transparencia y compartido por Igualdad Animal a El Sabueso.
Estas cifras cobran relevancia ante la discusión del proyecto de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que busca establecer obligaciones mínimas para proteger a todos los animales en México, incluidos aquellos utilizados en la producción de alimentos.
Pero más allá de ampliar las disposiciones legales, uno de los principales desafíos será garantizar que las autoridades cuenten con los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para vigilar su cumplimiento.
En entrevista con El Sabueso, Isabel Franco Fernández, coordinadora de Análisis e Investigación Legislativa en Igualdad Animal, advierte que la aprobación de la legislación representaría un avance en la protección de los animales, aunque su implementación requerirá fortalecer los mecanismos de inspección y la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La especialista explica que uno de los problemas es que actualmente la protección de los animales varía dependiendo de la entidad federativa y de la especie, debido a que las legislaciones locales no establecen las mismas obligaciones.
"El primer obstáculo que nos presenta, y el más importante, es que dejarlo a la discreción de las entidades implica que un animal no esté igualmente protegido dependiendo del territorio y de la especie. Era urgente tener una ley general que estableciera un mínimo para todos los animales en todo el país y que las entidades federativas tuvieran este piso, pero no un techo", señala.
El documento reconoce a los animales como seres sintientes a nivel nacional, algo inédito. Franco Fernández precisa que esto no equivale a una reforma constitucional ni los convierte en personas jurídicas. Sin embargo, obliga a considerar su capacidad sintiente al aplicar la ley y, junto con el principio proanimal —que establece que se elegirá siempre la interpretación que más favorezca su protección— amplía las obligaciones de las personas y del Estado. Con ello, será más difícil justificar actos de maltrato y crueldad.
La ley distingue entre ambos conceptos. El maltrato (expuesto en el artículo 11) es cualquier acto, hecho u omisión que cause daño a un animal en su calidad de ser sintiente, incluso por negligencia. La crueldad (artículo 12) añade el elemento de la intención de causar daño, e incluye conductas como el sadismo, la brutalidad o la violencia sexual contra animales.
Entre las prohibiciones se incluyen las mutilaciones sin fines médicos, provocar la muerte prolongando la agonía y el sufrimiento, y las peleas de perros en todo el país. La también activista apunta que la mayoría de estas conductas ya estaban prohibidas en casi todas las entidades.
—¿Cuáles son los principales cambios que introduce el proyecto respecto de la protección de los animales usados para producción de alimentos? —preguntamos.
—Esta sería la primera vez que una ley desde su creación implica a todos los animales. Habíamos encontrado esta falla en las leyes estatales. Aunque decían que eran objeto de protección todos los seres sintientes, para este grupo decidían no tener disposiciones. En esta ley general, si bien no tiene un capítulo amplio como los otros grupos de animales, al menos ya tiene disposiciones generales que les deberán de aplicar, como acceso a agua y alimento, bebederos y comederos diseñados para que puedan usarlos, inclusión en un plan veterinario y atención médica cuando la necesiten.
Además, agrega, se prevé un alojamiento adecuado a la especie, la edad y las condiciones de salud, y se habla por primera vez de estímulos y necesidades mentales, lo que implica considerar sus comportamientos sociales. Como ejemplo, Isabel menciona la estrecha relación entre las vacas y sus crías, que son separadas en la industria láctea para aprovechar la leche.
La industria mexicana de la leche. Crédito: Igualdad Animal.
La especialista reconoce que se trata de un avance, pero "aún falta mucho" y que la ganadería industrial es incompatible con buenos niveles de bienestar animal. A tenor de Franco Fernández, el proyecto todavía presenta vacíos importantes, particularmente en la regulación de prácticas utilizadas durante la crianza de seres destinados al consumo humano.
Entre las medidas que la organización Igualdad Animal buscaba incorporar se encontraban las siguientes:
La regulación de procedimientos dolorosos como el corte de colas, dientes y cuernos, así como las castraciones, para que se realicen con anestesia (bloquear la sensibilidad) o analgesia (alivia o elimina el dolor), por personal capacitado y bajo supervisión veterinaria.
La prohibición del ayuno en gallinas como método para inducir la muda forzada en la producción de huevo.
La regulación de la densidad de animales, una de las principales causas de estrés crónico.
"La vida de estos animales explotados para consumo transcurre principalmente en tres etapas: crianza, transporte y matanza. Pero las condiciones durante su permanencia en las granjas o unidades de producción, donde pasan la mayor parte de sus vidas, han recibido menor atención en la legislación; mientras el transporte y la matanza ya cuentan con normas oficiales mexicanas obligatorias, la regulación de las condiciones de crianza ha presentado vacíos importantes", pormenoriza a esta unidad de verificación de Animal Político.
La representante de Igualdad Animal adelanta que seguirán trabajando para que estas disposiciones se materialicen en el marco jurídico de la protección animal.
En México, existen dos Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que regulan aspectos del trato a los animales durante su transporte y matanza. La NOM-051-ZOO-1995 establece condiciones para reducir el sufrimiento durante la movilización, incluyendo aspectos del manejo, las condiciones de traslado y las restricciones para transportar animales que no estén en condiciones físicas adecuadas. Fue publicada el 23 de marzo de 1998 y figura como vigente.
En tanto, la NOM-033-SAG/ZOO-2014 regula los métodos permitidos para dar muerte a los animales. Incluye disposiciones sobre aturdimiento, manejo durante la matanza y métodos prohibidos, con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. Fue publicada el 26 de agosto de 2015 y también figura como vigente.
"Antes de 2022 no existía regulación para la etapa de crianza en granja. Esto cambió con reformas en Hidalgo (2022) y en Oaxaca y Colima (2024). Al impulsar la ley general, buscamos al menos recuperar esos avances, pero existen intereses contrarios", resalta.
Efectivamente, la reforma a la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, publicada el 27 de junio de 2022, incorporó prohibiciones relacionadas con el maltrato durante la matanza, entre ellas: realizar actos crueles, como suspender animales por las patas o provocarles lesiones antes del sacrificio, sin aturdimiento previo; y permitir que los animales presencien la matanza de otros.
Por su lado, el 24 de agosto de 2024 se publicó una reforma a la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, mediante el Decreto 472. Entre los cambios destacan los siguientes: las intervenciones dolorosas deben realizarse únicamente cuando sean necesarias, por operarios registrados y bajo supervisión veterinaria, minimizando el dolor y el sufrimiento; establece una densidad máxima de 30 kilogramos por metro cuadrado en la producción de pollo de engorda y refiere disposiciones sobre la alimentación durante la muda de plumas de las gallinas ponedoras.
Por último, el 11 de noviembre de 2024, el Congreso de Oaxaca aprobó, mediante el Decreto 2522, la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado. La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y contempla su protección frente al maltrato y la crueldad.
"En vigilancia, los rastros municipales dependen de los municipios y, en ocasiones, de las secretarías de salud estatales. Los privados y los de tipo inspección federal, así como las granjas, corresponden al Senasica. La dependencia tiene 168 inspectores para lugares de matanza en todo el país y 28 para granjas, y solo supervisa las certificadas en buenas prácticas pecuarias. El censo ganadero contabiliza más de 5 millones de unidades de producción. La ley establece concurrencia, no federalización, por lo que la inspección y la sanción deberán coordinarse con las entidades", indica.
Los artículos transitorios de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales solo prevén que los recursos se asignen conforme al presupuesto ya aprobado y en ejercicios futuros. Isabel Franco señala que la Federación y las entidades tendrán que destinar fondos para la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, el Registro Nacional de Animales de Compañía, un subsistema de información en el Inegi y campañas de concientización, adopción y esterilización.
Ese subsistema busca cubrir un vacío: no hay datos confiables sobre animales, sobre todo los destinados al consumo humano, pues no existe obligación de reportar cifras como la mortalidad. En el caso de los animales acuáticos, plantea, habría que contarlos por individuo y no por tonelada.
En cuanto a los plazos de implementación, se tiene lo siguiente:
La ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un plazo atípico por su impacto en todos los animales.
El reglamento deberá expedirse en seis meses.
Las entidades tendrán un año para armonizar sus leyes.
Habrá 360 días para actualizar las normas oficiales, como la NOM-033 sobre matanza y la NOM-051 sobre transporte, y crear las necesarias.
Las secretarías competentes deberán elaborar la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, de la que dependerán las estatales.
Se crearán, además, consejos estatales, con participación del Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado. Igualdad Animal los aprovechará para impulsar la norma sobre producción de huevo libre de jaula, que promueve desde 2019.
No obstante, la activista recuerda que falta la aprobación de la Cámara de Diputados y llama a sumarse a la campaña "Todos los animales a la ley", pues aún podría haber fuerzas en contra.
El Senado de la República aprobó el dictamen el 29 de septiembre de 2026. La minuta fue enviada a la Cámara para continuar con su discusión y votación. Para que la ley sea oficial, debe ser aprobada por los diputados, promulgada por el Ejecutivo federal y publicada en el DOF.
El 8 de octubre Igualdad Animal —que impulsó y participó en la construcción de dicha ley— informó en su canal de Instagram que solo 11 de los 31 integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales asistieron, por lo que no hubo quórum y la discusión de la ley se pospuso para siguientes días.
"Pedimos que se informe una fecha y una ruta clara para discutir y votar el dictamen. La protección de los animales no debe quedar pendiente de manera indefinida", escribieron en sus redes el 14 de octubre.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate todos los días de la desinformación que circula en redes, en el discurso político y en la vida cotidiana.